La superficie autorizada para el cultivo de cannabis en campo abierto y con más de 0,2% de THC por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) es de 1.085 hectáreas, dependiente de los Ministerio de Sanidad, a la primera empresa que logra tan codiciado permiso, Alcaliber. En un suelo de tales dimensiones la compañía —líder mundial en la producción de opio legal (morfina)— podría cultivar millones de plantas de marihuana. Con 40 años de experiencia en la producción de adormidera (opio), Alcaliber ostenta una licencia que le da permiso al "cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de cannabis" para la industria farmacéutica. Pero no es la única entidad que cultiva marihuana con un contenido de más del 0,2% de THC de forma legal en España. La otra empresa se llama DJT Plants Spain S. L. Además, a día de hoy cuentan con permiso específico "con fines de investigación o fines exclusivamente didácticos y educativos" también CIJA-Preservation, DJT Plant Spain S. L., Phytoplant y la Universidad Politécnica de Valencia. Estas cinco entidades ostentan los únicos seis permisos en vigor para el cultivo de cannabis.
En total la Agencia Española del Medicamento ha recibido hasta la fecha "aproximadamente 160 solicitudes de autorización de cultivo de cannabis", según la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del grupo socialista. Enfermos e investigadores en España llevan años reclamando una regulación nacional del cannabis terapéutico, convencidos como están de las propiedades medicinales de los cannabinoides, unos extractos de esta planta milenaria. Ya con los primeros medicamentos autorizados para algunas dolencias como es el caso del Sativex, el mercado de cannabis medicinal empieza a abrirse en España y hacia el extranjero. Este otoño, Alcaliber se asociaba con la canadiense CanopyGrowth para compartir cepas, conocimiento y producción, según un comunicado de la empresa norteamericana, que califica de "estratégica" la alianza con una productora en suelo europeo.
La Agencia del Medicamento es reacia a proporcionar información relativa a las licencias de cannabis, por tratarse de un estupefacientes. Por toda respuesta a las cuestiones sobre autorizaciones, tipos y requisitos elevadas , la agencia envía un breve comunicado en el que solo confirma el permiso de Alcaliber, desde octubre de 2016, anuncia que existen otras entidades autorizadas con fines exclusivos de investigación y, en materia de requisitos, se limita a nombrar la legislación de 1967, según la Convención de 1961 de las Naciones Unidas y la orden española de 1963 sobre el cultivo de plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes. Alcaliber tampoco se muestra mucho más transparente en la comunicación sobre la nueva apuesta por el mercado del cannabis medicinal. "No tenemos departamento de comunicación. Nada. No hacemos declaraciones. Ni entrevistas. No tenemos interés en aparecer en prensa. Toda consulta debe efectuarse a través del Ministerio de Sanidad. Nos jugamos la licencia", responde una interlocutora. Menos suerte todavía a la hora de encontrar interlocutores de CIJA-Preservation y Plant Spain. Internet permite saber que son empresas jóvenes, creadas después de 2015, para la investigación clínica y farmacológica de toda clase de productos de amplio espectro de la farmacología vegetal. En Phytoplant, tras numerosas llamadas, la encargada de coordinación de proyectos I+D explica que la base de su negocio es la investigación con fines medicinales y no la comercialización de cannabis. "Nuestra licencia nos permite el desarrollo de variedades (de cannabis) que tienen interés medicinal por su composición química", explican la portavoz de Phytoplan. Sin poder especificar qué producción concreta tienen autorizada, por ser "información confidencial", sí explica que las plantas crecen en sus instalaciones de Córdoba, sin más dirección "porque la gente se vuelve loca en cuanto se habla de cannabis". Que algunos vecinos han avisado a la Guardia Civil en el momento en que el olor que desprende la plantación les llama la atención. "Pero los agentes vienen y ven que tenemos todos los papeles en regla". Phytoplant trabaja en la actualidad con empresas españolas y latinoamericanas, "aportando el conocimiento y la patente de plantas con alto contenido en cannabinoides, los extractos con mayor potencial terapéutico". La empresa estaría "encantada" de lograr una licencia de cultivo en campo abierto como la conseguida por Alcaliber, "pero es muy complicado, la normativa es muy antigua y los requisitos muy altos. Eso nos dificulta hacer un producto farmacéutico en condiciones", se lamentan. Alto potencial medicinal y bajo efecto psicotrópico En el caso de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), su licencia permite trabajar con cannabis a un instituto de investigación experto en la genética de las plantas. Las plantas de cannabis tienen unos compuestos, los cannabinoides, algunos de los cuales tienen gran interés médico, como el CBD ("que se ha visto que en determinadas enfermedades tiene un efecto positivo o paliativo") y otros son psicotrópicos, como el THC.
En Valencia, los investigadores intentan hibridar especies para conseguir una planta que pueda ser cultivada de manera legal porque tenga muy altos los contenidos de interés medicinal y muy bajos o inexistentes los niveles de THC. El cannabis en España no puede tener concentraciones superiores a 0,2% de THC. La UPV empezó sus trabajos en 2015 y creen que en un par de años podrán haber dado con la hibridación encargada por la empresa valenciana Hemp Trading, la patrocinadora del proyecto. A los científicos, la AEMPS les pidió "el proyecto de investigación detallado, el plan de trabajo, los materiales y la máxima seguridad". Trabajan en una cámara de cultivo, parecido a un congelador, de 10 metros cuadrados, y bajo llave, con un control absoluto de las personas que tienen acceso. Pueden tener hasta 100 ejemplares en estado de plántula, sin flor, y hasta 20 en estado de floración. Cuando tienen que desprenderse de ellas la llevan al puerto de Valencia, donde la Policía destruye los alijos que incauta. Los investigadores, algunos de ellos catedráticos de la Universidad, las transportan en su propio vehículo, pero siempre con la autorización de la AEMPS, no vaya a pararles la Policía y sean confundidos con delincuentes.
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