El Parlament aprobará este miércoles una ambiciosa proposición de ley que pretende regular el cannabis desde una perspectiva integral: no sólo se abordará la actividad de estos clubes privados, sino que la normativa establece los criterios para el cultivo y el transporte de la marihuana hasta estos espacios. Según ha podido confirmar El HuffPost, la propuesta contará con el apoyo de Junts pel Sí (JxS), PSC, Catalunya Sí que es Pot (CSP) y la CUP. El PP votará en contra y Ciudadanos no ha fijado todavía su posición.
La proposición es fruto de tres años de trabajo en el Parlament que estuvieron a punto de quedar en saco roto. La Cámara catalana aprobó en 2014 una resolución que instaba a los diputados a diseñar una regulación para los clubes de cannabis en el plazo de seis meses. Ante la inactividad y la falta de consenso entre los grupos, un grupo conocido como La Rosa Verda emprendió en julio de 2015 una recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP). Tras presentar y validar las más de 56.000 firmas recogidas, se creó una ponencia en el Parlament por la que han pasado más de 30 expertos: psicólogos, sociólogos, farmacólogos, exmagistrados, antiguos responsables del Plan Nacional de Drogas, médicos e incluso el expresidente de la Junta de Drogas de Uruguay, Milton Romani.
El resultado es una norma pionera en Europa porque establece todas las pautas para que un cultivo no sea intervenido por la policía. Incluso regula cómo deberá transportarse el cannabis desde estos espacios hasta los consumidores. "No queríamos hacer algo a medias", afirma la diputada Alba Vergés (JxS), presidenta de la Comisión de Salud en el Parlament y una de las parlamentarias que ha seguido el asunto más de cerca. "Lo que no podíamos era regular la dispensación y dejar que la marihuana entrase por la puerta de atrás". Vergés hace referencia a la llamada "ley de la puerta de atrás" que imperó durante décadas en Holanda: vender la marihuana era legal, pero su cultivo seguía en el mercado negro."Estamos muy satisfechos con el texto final", asegura el abogado Oriol Casals, coordinador de la ILP. "Pocas iniciativas en el Parlament tienen un apoyo tan transversal", remacha.
El texto que se aprobará el miércoles cuenta con muchas de las propuestas incluidas en un "código de buenas prácticas" que escribieron en 2015 las propias asociaciones para autoregularse. Estas asociaciones serán las únicas autorizadas para cultivar y no podrán producir más de 150 kg de marihuana seca al año. Cada cultivo requerirá un informe pericial de un ingeniero agrónomo o similar que determine que las previsiones de la plantación se ajustan a los pronósticos de consumo que tiene cada asociación. Por lo que respecta al transporte, los responsables de los clubes de fumadores deberán tramitar una autorización en la que figuren los datos de la asociación, la identidad del transportista, el destino, la fecha y la cantidad y el tipo de producto que se transporta. No podrá usarse el transporte público para este cometido.
Para evitar el turismo cannábico -una práctica muy arraigada en Barcelona- la normativa prevé una carencia de 15 días desde que se solicita el ingreso en el club hasta que se puede adquirir el cannabis. El texto también establece la cantidad que puede retirar cada socio: los mayores de 21 años podrán adquirir hasta 60 gramos mensuales mientras que los que tienen entre 18 y 21 años no podrán retirar más de 20 gramos. Esos límites de cantidad desaparecen si el consumo es con un fin terapéutico. La regulación también prohíbe el consumo de alcohol en estas asociaciones así como de productos alimentarios que contengan cannabis. Las personas que dispensen la marihuana deberán tener formación sobre las propiedades del cannabis y sus derivados, sus riesgos y los daños que pueden derivar de su consumo.
La proposición incluso abre la puerta a la recaudación de impuestos y emplaza al Govern a estudiar la viabilidad de un impuesto propio sobre el cannabis o de modificar una ley existente para incluir la actividad de estas asociaciones. A finales de 2013 fuentes del sector calculaban que, sólo en Barcelona, los clubes facturaban 5 millones mensuales. Las mismas fuentes reconocen ahora que esta cifra puede haberse doblado fácilmente.
Los responsables de las asociaciones también celebran la iniciativa y esperan que sirva para frenar el reguero de detenciones e intervenciones en los cultivos que ha habido hasta ahora. "Lo único que pedimos es seguridad jurídica", afirma el administrador de un club cannábico de Ciutat Vella, que todavía prefiere hablar sin que se le cite. "Llevamos muchos años trabajando con un pie en la ley y otro fuera".
Los promotores de esta ley son conscientes de que la normativa puede acabar impugnada por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Cuando la ILP empezó a tramitarse en el Parlament, el Ejecutivo de Rajoy ya escribió a la cámara catalana advirtiendo de que la regulación de esta materia era competencia del Estado. "El Estatut dice que tenemos competencias en materia de consumo", sostiene Vergés, la diputada de JxS. "Yo creo que estamos dentro de nuestros límites".
El otro precedente en España es la regulación de los clubes cannábicos que aprobó el Parlamento Vasco en 2016: actualmente está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias. El Gobierno central presentó un recurso al considerar que invadía competencias en materia de productos farmacéuticos, legislación penal y seguridad pública.
"Cuando antes se regule, antes acabará el descontrol", explica Casals, el promotor de la ILP, en referencia al libre albedrío que ha imperado hasta la fecha en los clubes de cannabis. Durante los últimos años, en este vacío legal han convivido en Cataluña tanto activistas cannábicos que han mantenido ciertas pautas y principios éticos con narcotraficantes y mafias extranjeras que se han aprovechado de este modelo de autoconsumo.
El camino que emprende el miércoles el Parlament va en línea de una tendencia mundial de abordar el consumo de cannabis -y de otras sustancias- desde un punto de vista que prioriza la prevención de riesgos y la reducción de daños a la prohibición. "La ley que aprobaremos es muy avanzada y da un mensaje muy claro", asegura Alba Vergés. "Es el momento de un cambio de paradigma a la hora de legislar sobre drogas"
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