Las Corts han aprobado la proposición no de ley de tramitación de urgencia sobre la necesidad de regular el consumo del cannabis en territorio valenciano desde planteamientos científicos, sociales y ajustados a la legislación más avanzada en la materia presentada por los grupos parlamentarios socialista, Compromís y Podemos.
Al apoyo a la iniciativa se ha sumado Ciudadanos, siempre que el consumo de cannabis se realice bajo control médico, mientras que el PP se niega porque asegura que se abre la puerta a la legalización de una droga y lamenta que se banalice esta cuestión.
Podemos, Compromís y PSPV defienden que prohibicionismo se ha demostrado ineficaz, y que la legalización frena las mafias relacionadas con las drogas y da una seguridad a enfermos oncológicos o de VIH que usan el cannabis bajo prescripción médica.
El diputado de Compromís Josep Nadal ha asegurado que al PP no le interesa acabar con las mafias y en este punto ha nombrado al posible futuro presidente del PP Alberto Núñez Feijoo.
La petición insta a la creación de una comisión especial en las Corts Valencianes para estudiar a nivel jurídico y técnico cómo garantizar el acceso al cannabis a los usuarios terapéuticos, respetando el derecho a su autonomía, con seguimiento médico, garantizando el derecho del usuario a cultivar su propia sustancia para su consumo, así como para fomentar el estudio a nivel científico de las propiedades terapéuticas del cannabis. Todo ello, facilitando la participación de los colectivos sociales implicados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales especializados, los representantes de las asociaciones de usuarios de cannabis y los colectivos de personas con enfermedades para las que sea recomendable el uso del cannabis, para la enfermedad o para mitigar los efectos de los tratamientos más invasivos. También insta al Gobierno a regular esta cuestión.
Esta comisión especial deberá estudiar, técnica y objetivamente, la función del autocultivo y de las asociaciones de cannabis como herramienta de reducción de riesgos asociados al consumo de cannabis y como alternativa a los problemas derivados de la prohibición de las drogas.
La proposición ha sido consensuada finalmente con Ciudadanos y ha recibido duras críticas por parte del PP, que ha advertido del peligro de iniciativas que hacen apología del consumo de esta droga y minimizan temas muy delicados. A su entender lo que se está aprobando es la hoja de ruta para el cultivo y uso del cannabis en el ámbito lúdico.
El texto pide instar al Gobierno a regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis bajo supervisión médica para patologías en las que esté demostrada su eficacia o en las que el médico considere indicado. También que regule las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de este producto y el posterior uso medicinal con niveles de calidad, trazabilidad y seguridad, además de establecer puntos de venta controlados y delimitar redes logísticas para evitar un uso fraudulento o ilegal.
Asimismo, plantea al Gobierno que realice con urgencia las modificaciones legislativas oportunas para regular el autocultivo para uso personal y que se modifiquen todos aquellos aspectos legales necesarios para que se dote de un estatus legal protegido. A nivel autonómico, propone crear una comisión en Les Corts para estudiar a nivel jurídico y técnico cómo garantizar el acceso al cannabis a los usuarios terapéuticos, así como para fomentar el estudio a nivel científico de las propiedades terapéuticas del cannabis.
El diputado de Podemos, Antonio Montiel, ha justificado la necesidad de plantear ahora un debate como este que ya se ha producido en otros países como Holanda, Portugal, Uruguay o Canadá, ante "el fracaso de las políticas prohibicionistas de cannabis" y las evidencias científicas, ha dicho, que apuntan a que alguno de sus componentes tiene efectos terapéuticos testados para tratar enfermedades como el alzheimer, la epilepsia, el dolor crónico, el asma o el autismo.
"De lo que estamos hablando es, básicamente, de derechos humanos", ha indicado, y de evitar que las más de 100.000 personas que consumen cannabis terapéutico en España puedan acceder al mismo "sin recurrir al mercado negro" y arriesgarse a ser multadas o detenidas. Ha lamentado que se trata de una planta "estigmatizada" y ha pedido un cambio de planteamiento, dejando de poner el foco en ella y empezando a "hablar de las personas".
También ha incidido en que el consumo de alcohol y tabaco está permitido y hay 20.000 y 50.000 muertes anuales asociadas a ellos, respectivamente, y ha remarcado que se podrían recaudar con el cultivo de cannabis 1.500 millones de euros el próximo año en impuestos, además de los beneficios en la lucha contra el tráfico ilegal y la delincuencia organizada.
El socialista Ignacio Subías, médico, ha indicado que aunque no fume eso no le impide "abrir la mirada" y ver que el cannabis tiene efectos positivos, por ejemplo, para combatir náuseas, crisis convulsivas o epilepsia, y ha incidido también en que la prohibición ha sido "ineficiente" y tan solo "ha creado un mercado ilegal y enormes ganancias", por lo que "es hora de afrontar el tema de manera racional".
Josep Nadal (Compromís) ha defendido que garantizar ese suministro terapéutico "es cuestión de derechos humanos", evitando que "se les mire como si fueran auténticos narcotraficantes". "Podríamos hablar de legalización, pero detrás del 1 el 2", ha dicho, para criticar que se esté criminalizando a una parte de la juventud que lo que quiere es "disfrutar de su vida y libertad".
Desde Ciudadanos Juan Córdoba ha subrayado la diferencia entre el uso recreativo y terapéutico y ha defendido la necesidad de dar respuesta a esa necesidad de consumo encuadrado en el ámbito sanitario, con supervisión y "producto de suficiente calidad".
El 'popular' José Juan Zaplana, ha criticado que se intente "disfrazar" el verdadero interés con un debate "sanitario y humanitario", y ha cuestionado que el autocultivo de cannabis pueda abastecer las necesidades terapéuticas, preguntando si se va a producir entonces una "autoprescripción" por parte de los usuarios".
Además, ha detallado los efectos del consumo, como la alteración de la memoria, percepción distorsionada, enfermedades broncopulmonares o algunos tipos de cáncer, y ha pedido que se hable claro: "Es una droga, no es un prejuicio, genera dependencia, atenciones en urgencias y en ocasiones la muerte".
En este punto, ha matizado que no es lo mismo que un doctor prescriba un medicamento con principios activos que se encuentran en el cannabis y que "cada uno tenga sus plantitas y se cultive sin ningún tipo de control". "Una cosa es un porro y otra un medicamento", ha subrayado Zaplana, que ha puesto como ejemplo el uso de parches de morfina sin que nadie tenga plantas de opio en casa.
Ha alertado del "problema" que plantea esta droga entre los jóvenes, ya que "170.000 niños entre 14 y 18 años empiezan a consumir cada año" y ha lamentado que "banalicen este debate, porque hay muchos niños en una edad temprana que pueden caer en la dependencia de las drogas". "No nos tiremos las manos a la cabeza cuando nuestros niños en los colegios estén consumiendo cannabis", ha advertido.
Además, ha agregado, es "tremendo" que el primer acuerdo que Les Corts trasladarán a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, que deja "un erial" en la Comunitat, sea para pedirle "que legalice el cannabis". Ha concluido alertando a Cs de que será "cómplice de todo esto".
Nadal ha respondido señalando que también el agua provoca la muerte "si bebes más de 50 litros" y ha indicado que también el alcohol y el tabaco provocan enfermedades y "auténticos dramas sociales" pero se permiten y gravan. "¿Cuánta gente ha muerto por agua, por patatas fritas? La gente muere por consumo de drogas, estamos hablando de marihuana, hachís, no haga apología de las drogas", le ha replicado el diputado del PP.
Subías ha incidido en que "la mayor causa de muerte evitable es el tabaco" y ha preguntado a los diputados cuántos de ellos fuman. "Llevan su conservadurismo a límites insospechables", ha espetado a la bancada del PP, a quienes ha pedido "un poco de sentido común". Montiel, por su parte, ha incidido en que se trata de dar a los ciudadanos para "tomar libre, informada y responsablemente decisiones".
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