De ser convertido en ley, un proyecto que está ante la consideración de la Cámara daría protección a los trabajadores que utilicen cannabis medicinal para que no puedan ser despedidos de sus empleos ni penalizados.
La medida fue radicada por el representante novoprogresista Antonio Soto y el popular Jesús Manuel Ortiz.
La legislación busca incluir a las personas que usan cannabis medicinal en la categoría protegida. Establece que “ningún patrono podrá discriminar contra una persona que sea un paciente registrado y autorizado para utilizar cannabis medicinal ya sea en el proceso de reclutamiento, contratación, nombramiento, terminación o la imposición de cualquier condición de penalización en el empleo”.
Sin embargo, la medida establece que esta protección quedará anulada si el desempeño de un empleado bajo los efectos del cannabis puede poner en riesgo a un patrono de perder su licencia o certificación por algún reglamento o ley federal. Tampoco estará protegido el empleado si usa el cannabis medicinal durante las horas de trabajo sin la debida autorización por escrito del patrono.
La exposición de motivos indica que en Estados Unidos ha habido casos presentados por empleados que utilizan cannabis medicinal, pero ante la ausencia de una legislación clara, los tribunales no deciden a favor de los trabajadores.
“Las decisiones de los tribunales que favorecen a los patronos suponen una carga sustancial para los pacientes de cannabis medicinal, los cuales tienen que decidir entre renunciar a lo que puede ser su única fuente de ingresos o suspender el tratamiento de cannabis medicinal y tratar de soportar su dolor crónico”, reza el proyecto.
En comunicado de prensa enviado ayer, Ortiz aseguró que “la aprobación de este proyecto le daría la tranquilidad al empleado-paciente de beneficiarse del tratamiento de cannabis medicinal sin temor de ser penalizado y hasta despedido de su empleo. Incluso, la medida protege al paciente desde el proceso de reclutamiento y contratación”.
Por su parte Soto, quien también preside la Comisión de Hacienda de la Cámara, afirmó que “aunque la recién aprobada Ley 42-2017 permite el uso del cannabis medicinal, la misma no protege a los empleados que lo utilizan de ser penalizados por aprovechar dicho tratamiento”.
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